Reglamentos contradicen la Ley 189-11

SANTO DOMINGO

Acoprovi objeta las normativas del invi y las considera incoherentes con la intención de la ley. A ocho meses de la promulgación de la Ley 189-11 sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, que constituye una de las principales herramientas para enfrentar el déficit habitacional en el país, aún algunos de los reglamentos que harían efectiva su aplicación no han sido aprobados. El presidente de la Asociación Dominicana de Promotores de Viviendas (Acoprovi), Fermín Acosta, dijo que ha habido un retraso en las resoluciones concernientes a la construcción de viviendas económicas y a la implementación de la ventanilla única. Señaló que la entidad ha objetado la propuesta presentada por el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), que es el ente con la potestad para calificar las viviendas de bajo costo, porque según considera es contraria a la ley.

“Es necesario no desenfocar la intención de la Ley 189-11 de crear soluciones habitacionales asequibles para la población Dominicana” Fermín Acosta, presidente de Acoprovi.

Según explicó Acosta, el reglamento trata de controlar no solo el precio de las edificaciones, que es lo que la ley le confiere, sino los tipos de materiales, a pesar de que esa es una función del Ministerio de Obras Públicas, así como los tamaños y requisitos de adquisición. El documento legal exige que los domicilios que serán objeto de calificación bajo los beneficios de la Ley 189- 11 no puedan ser de un dormitorio y que los adquirientes sean familias estables y legalmente constituidas, lo que deja fuera a las madres solteras.

“Modernamente las viviendas tienden a ser más pequeñas y algunas familias por su composición no necesitan más de un dormitorio, como en el caso los recién casados y las parejas de personas mayores, cuyos hijos ya han formados sus propias familias”, argumentó el dirigente.

Objeción

Acosta señaló que el reglamento del Invi ha sido también objetado por el Ministerio de Obras Públicas, con el que Acoprovi firmó un documento de consenso sobre la reglamentación de las viviendas económicas, que fue discutido la semana pasada y está en espera de ser puesto en vigencia mediante un decreto del poder ejecutivo. “Un reglamento tiene que ser abierto a responder a las condiciones del mercado, al ingenio de los promotores y a la capacidad de pago de los adquirientes, de modo que no se puede controlar hasta la marca de los materiales.

Se trata de un asunto de oferta y demanda”, consideró. Acosta destacó la necesidad de tener presente la intención de la Ley 189-11 de crear soluciones habitacionales asequibles para la población dominicana, no solo por la reducción de los costos de construcción a través las exenciones tributarias que otorga el Estado, sino con el reembolso de la inversión en Itbis a los adquirientes. “Pero además tenemos que pensar en la creación de viviendas progresivas, porque si bien un adquiriente no está en capacidad de adquirir una casa de determinadas características, sí puede obtener una con capacidad de crecer, en tamaño o en calidad”, dijo.

Aspectos contenidos en la ley 189-11

Según las estimaciones de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, en el 2010 la demanda de viviendas era de unas 447,000 nuevas unidades y los requerimientos de mejoras 649,000, lo que indica que el país presenta un déficit de 1,096,000 viviendas. Esas estadísticas reflejan que el déficit es de 40% cuantitativo y que el 60% es cualitativo La ley 189-11 abarca aspectos como el control financiero y monetario de los diferentes entes de fomento de la construcción de viviendas, el uso de los fondos de pensiones para proyectos inmobiliarios y la ventanilla única para la aprobación de los proyectos.

La legislación define como viviendas de bajo costo las de precio igual o menor a RD$2,000,000, en el momento de la promulgación el año pasado, pero contempla un ajuste anual de ese parámetro de acuerdo a los niveles de inflación.

Fuente: www.listin.com.do